En camino una “reforma hipotecaria”

Proyectos de ley crearian salas especializadas en el tema y evitarian ejecuciones de viviendas

La portavoz de la Asociación de Bancos sostuvo que el proyecto levanta “serias preocupaciones” en la industria, sobre todo acerca de su impacto en el mercado secundario. En momentos en que la cantidad de viviendas ejecutadas en Puerto Rico está en su nivel más alto en nueve años, el senador Carmelo Ríos presentó dos proyectos de ley de su autoría con los que espera implementar lo que denominó como una “reforma hipotecaria”. El Proyecto del Senado 395, según su exposición de motivos, brindaría al deudor “la oportunidad de extinguir la deuda existente por su propiedad, si la misma estuviera siendo negociada por el acreedor ante un tercero”. Mientras, el P. del S. 397 crearía sendas salas especializadas en asuntos hipotecarios en los Tribunales de Primera Instancia en las regiones de San Juan, Ponce, Mayagüez y Fajardo.

Con ambas medidas, Ríos aseguró que busca “ayudar a los puertorriqueños a conservar sus hogares” y reducir la cantidad de ejecuciones de hipotecas que se registran cada año. Las piezas legislativas, sin embargo, han generado preocupación en la industria, según Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. El legislador explicó que, para mejorar su liquidez, las instituciones hipotecarias tienen como práctica vender paquetes de hipotecas en el mercado secundario a terceros, usualmente a descuento, transacción que se suele notificar al consumidor una vez fue completada. El proyecto 395 obligaría al banco o cooperativa a notificar al consumidor de un crédito en incumplimiento (con atrasos de 30 días o más) el precio al que propone vender la hipoteca a otra institución, de modo que tenga hasta 90 días para saldarla a ese mismo precio. Ríos estimó que el descuento al que instituciones financieras venden estos préstamos a terceros, y que con esta medida se transferiría al consumidor, puede ascender al 70% del valor de la hipoteca.

“Fíjate que no le estoy pidiendo al banco nada que no sea lo que estaba dispuesto a hacer con un tercero”, aseguró en entrevista con este diario. A la pregunta de cómo el cliente saldará en 90 días la hipoteca que no había podido pagar a tiempo cada mes, respondió que aspira a que se genere un mercado en que esos consumidores puedan adquirir préstamos, a tasas de interés un poco más altas que las de la hipoteca original, con el que saldarían esta última. “El porcentaje (de interés) quizás va a ser mayor porque se consideraría un préstamo riesgoso”, concedió el legislador, aunque alegó que como el préstamo nuevo sería por una cantidad sustancialmente menor a la hipoteca original, el individuo se beneficiaría con pagos mensuales más bajos. “Si con esto podemos evitar que de 8,000 a 9,000 casas entren en el proceso de ejecución, vamos a tener un impacto bastante positivo en la economía”, aseguró el legislador. Por su parte, la portavoz de la Asociación de Bancos sostuvo que el proyecto levanta “serias preocupaciones” en la industria, sobre todo acerca de su impacto en el mercado secundario. Informó que de unos 380,000 préstamos hipotecarios existentes en la Isla en febrero pasado, más de 240,000 fueron vendidos por instituciones financieras a terceros, lo que da a entender la importancia que tiene el mercado secundario para los bancos y cooperativas locales.

“El mercado secundario tiene una función vital en nuestra economía porque nos ayuda a mantener la liquidez y contar con los fondos necesarios para que nuestras instituciones financieras puedan seguir financiando la adquisición o refinanciamiento de vivienda”, explicó Álvarez. Argumentó que una posible consecuencia de afectar adversamente el mercado secundario será que, al dificultar que bancos y cooperativas puedan mantener su liquidez y recobrar sus inversiones, aumenten para los individuos los costos de conseguir financiamiento. En el caso del proyecto 397, que crearía salas especializadas en asuntos hipotecarios, el senador indicó que atenderían la gran cantidad de casos de ejecución que llegan a los tribunales del País. De acuerdo con datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, en diciembre de 2016 había 17,263 hipotecas en proceso de ejecución. “Ya tenemos el volumen necesario para tener estas salas especializadas”, argumentó Ríos. “Sería con los mismos jueces que tenemos y sin crear edificios nuevos”, añadió en alusión a que, a su juicio, la iniciativa no requerirá de inversión adicional por parte de la Rama Judicial.

Mientras, Álvarez expresó su preocupación acerca de si la creación de estas nuevas salas “dilataría aún más los procesos judiciales”.

Fuente: www.endi.com